traduzione in spagnolo del testo "Alcune riflessioni sull'emergenza" REFLEXIONES SOBRE LA EMERGENCIA

REFLEXIONES SOBRE LA EMERGENCIA

Estamos viviendo un momento tan  difícil como dramático para nuestra sociedad. Si por un lado asistimos a un aumento progresivo del malestar individual, y en consecuencia del número de personas que están viviendo con dificultad la soledad a la cual están obligados, por otro existe el riesgo de un aumento de los conflictos interpersonales, y de la conflictividad familiar debida a la convivencia forzada. Las mujeres que sufren de violencia doméstica se encuentran obligadas a cohabitar con sus agresores;  y se incrementan los casos de jóvenes que  debido a las dificultades para sostener un alquiler, se ven obligados a volver a vivir con sus familias de origen, llevándonos a  una renovada centralidad del modelo de familia patriarcal. También los niños y los adolescentes privados de su libertad para socializar, jugar e interactuar, están viviendo situaciones particularmente difíciles.

En cuanto colectivo antipsiquiátrico estamos preocupad@s por el aumento de los suicidios, por el uso frecuente  del TSO (Tratamiento Sanitario Obligatorio), y  por el posible aumento del consumo de psicofármacos y de la contención física en las unidades diagnósticas y de cura psiquiátricas. Denunciamos el uso del Taser para apaciguar a quienes se encuentran en una situación difícil,  tal como sucedió hace unas semanas dentro de una sucursal de Correos  en Turín en el  que a causa de un altercado estallado entre un hombre y los demás presentes por que no llevaba mascarilla, el hombre fue aturdido  por los carabinieri, y dejado  en el suelo en espera de que llegase la ambulancia.

Es asimismo preocupante la situación en las instituciones penitenciarias, que se encuentran  en situación de hacinamiento crónico. Ahora más que nunca se pone en evidencia  la necesidad de la superación de la cárcel a través de modelos alternativos de pena. Una amnistía general es improrrogable, la liberación de los detenidos por sus luchas sociales, de los drogadictos, de los presuntamente enfermos de patologías psiquiátricas, y en general de todos quienes expían penas por crímenes relacionados con las fallidas leyes prohibicionistas en materia de drogas.

Arriesgamos ahora que la crisis económica y social que ya estábamos sufriendo con anterioridad al inicio de esta pandemia, se amplifique y arrolle a la gran mayoría de la población. En Italia el Covid-19 ha acelerado un proceso de años encaminado a la demolición del Servizio Sanitario Nazionale (Servicio Nacional de Salud) en beneficio de las cada vez más numerosas clínicas privadas,  por medio de políticas bipartidarias fundadas en recortes, empresarización y privatización; es difícil ocuparse de una verdadera tutela de la salud cuando para las ASL (centros territoriales del sistema nacional italiano) y las empresas hospitalarias, la prioridad es  la de atender a sus balances.

Desde el  principio el Covid-19 se ha mostrado como “un virus para ricos”, y cada vez más personas empiezan a entender que no todos estamos en el mismo barco. Un elevadísimo precio ya  lo están pagando quienes no tienen una casa o están obligados a compartirla con otras personas en espacios inadecuados; quienes están obligados a realizar su trabajo sin llevar los dispositivos de protección idóneos; quienes han perdido sus empleos o quienes se encuentran imposibilitados de hacerlo porque trabajaban  en negro. Además hay quienes  no pueden  beneficiarse del tele-trabajo o  del aprendizaje en línea por que no poseen  un ordenador en sus hogares y /o una conexión internet fiable.
¿Cómo hacen los sin papeles, los sin techo, quienes no tienen  acceso a los servicios sanitarios ni  a amortiguadores sociales? Quienes  viven en la calle por necesidad, corren el riesgo de un ulterior  agravamiento de su situación, tanto desde el punto de vista judicial como sanitario. Nos preguntamos qué  repercusiones conllevará este estado de emergencia para quienes ya viven en una condición de aislamiento y exclusión.

Mientras asistimos al martilleante llamamiento a la unidad nacional, milliones de personas todavía se ven obligadas a ir al trabajo,  la mayoría de las veces viajando en medios de transporte públicos repletos , sin protecciones de ningún  tipo, y sobretodo en sectores no esenciales en absoluto como los de la industria armamentística o los bienes de lujo.
Es muy probable que los que nos gobiernan intentarán hacer pagar el precio de esta emergencia a las trabajadoras, a los trabajadores y a los sujetos más frágiles; no existe ninguna voluntad de atacar a los grandes patrimonios privados llevando a cabo mecanismos de redistribución de la riqueza. Las emergencias sociales y sanitarias requieren un cambio en la distribución de los recursos colectivos, los cuales en cambio, durante las útimas décadas fueron desviados sin descanso  desde lo público hacia lo privado con la aprobación de la industria y la banca.

Sólo recientemente hemos sabido que muchos contagios ocurrieron en el interior de Fundaciones e Instituciones privadas, en las RSA (Residenze Sanitarie Assistite; Residencias de Personas Mayores) y en las residencias psiquiátricas, sin que se hubiesen tomado adecuadas medidas de protección.
Dentro de esas instalaciones toda una humanidad indefensa sucumbe,  a menudo y silenciosamente, a los abusos sociales por parte de quienes ya les declararon como improductivos, y por lo tanto sacrificables. Con el manifestarse de nuevos casos, sus responsables decidieron atrincherarse dentro y cerrar cualquier tipo de contacto con el exterior, a pesar de que no tenían los medios para contrastar  la difusión del virus (En la región Lombarda, según la Resolución emitida, los ancianos, dada la alta situación de riesgo, no deberían ser atendidos en cuidados intensivos; de ahí que  haya responsabilidades a nivel regional).  El resultado en muchas zonas  ha sido una difusión masiva de la epidemia, y a pagar el precio más alto son los mayores de 80 años, los intransferibles y los propios  trabajadores sanitarios que ponen en riesgo su vida.
En una instalación psiquiátrica de la provincia de Génova los efectos debidos a la epidemia han sido dramáticos: de 40 usuarios,  38 resultaron positivos a los tampones, y de momento el contagio ha provocado tres muertos. En Milán dentro de la RSA de la Baggina ha habido 200 muertos, y en la provincia de Brescia dentro de una instalación para mujeres expsiquiatrizadas las pérdidas de vidas humanas fueron 22. Considerando todas las regiones, la Toscana no es menos que las demás: en un total de 320 RSA,  56 de las cuales encargadas a la gestión de las ASL,  ha habido aproximadamente 170 decesos. Es necesario hacer una reflexión sobre el  Estado garante: a inicios de marzo el Gobierno se pronunció declarando que la situación estaba bajo control, pero los acontecimientos lo desmentieron de inmediato. Los tampones para el personal sanitario han llegado con retraso, y dos meses después del inicio de la emergencia , las mascarillas se están entregando con cuentagotas mientras los presidentes regionales se pasan la pelota de las propias responsabilidades,  en las regiones “suspendidas” como la Valseriana (provincia de Bergamo, Lombardía) mientras tanto se ha sacrificado a los mayores y a los sujetos más vulnerables. Veremos  lo que nos planteará la así llamada Fase 2.

¿Cómo no pensar también en los muertos en las Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza; Instalación Psiquiátrica Penitenciaria) y en las cárceles a causa del Covid 19? Una situación como  la actual demuestra que la superación de las instituciones totales debería estar entre los objetivos de nuestras luchas. Los pacientes psiquiátricos afectados por el Covid 19 se encuentran doblemente a riesgo: según el testimonio de un médico que ejerce en Lombardía, los psicofármacos interfieren con los tratamientos para el Covid19 planteando el inmediato problema de su dosificación, lo cual a su vez, causa un estado depresivo facilitando la acción del virus o un estado eufórico durante el cual los pacientes a menudo se arrancan las mascarillas de oxígeno arriesgando así su propia vida. De hecho, estos médicos, que no son psiquiatras sino internistas o virólogos, se tienen que enfrentar con la modulación de una terapia para pacientes de los que ignoran completamente sus historias clínicas.

Desde hace semanas  los medios de comunicación siguen describiendo esta realidad como un estado de guerra en el que nuestros hospitales representan las trincheras de hoy,  con una narración de los acontecimientos tendente a alimentar los miedos e incertidumbres colectivas sobre las cuales se legitiman y encuentran consenso todas las elecciones de la gestión securitaria de la que somos testigos.
El uso cada vez más generalizado de las redes sociales y de las tecnologías digitales comporta nuevos paradigmas de la vigilancia y reconfigura la organización del trabajo. Por supuesto las redes sociales facilitan los contactos interpersonales, pero nunca podrán reemplazar la necesidad de relaciones sociales no mediadas  intrínsecas a la especie humana;  se da el riesgo de que las nuevas tecnologías acaben por trastornar y aridecer nuestras relaciones sociales ya bastante fragmentadas por modelos económicos, políticos y culturales que se nos representan como ineluctables. La retórica del nuevo paradigma digital está completamente  subordinada a lógicas de control total e hiperexplotación. No olvidamos tampoco que cada conexión no hace más que enriquecer las multinacionales de Big Data además de llenar sus archivos con nuestros datos personales  permitiéndoles obtener perfiles cada vez más refinados.

Fundamentalmente la construcción mediática de una contraposición entre las libertades individuales y la salud pública ha sido cultivada deliberadamente por los medios de comunicación, eligiendo criminalizar los comportamientos individuales  convirtiéndolos en verdaderos chivos expiatorios para esconder los intereses de los industriales que pedían, y siguen pidiendo a gritos, seguir produciendo a pesar del evidente riesgo de nuevos contagios. Mientras tanto, el ciudadano convertido en cómplice, e investido del rol de sheriff  acaba por denunciar a quien, a su entender, no respeta la ley.

Resulta evidente  que los dispositivos de protección personal  y el respeto de la distancia de seguridad son útiles para la contención del contagio, si bien nos arriesgamos a acabar en una espiral de control social represivo y permanente. Si por un lado el sentido de responsabilidad nos impone respetar las medidas de separación social para contener  el contagio y preservar la salud colectiva, por otro no podemos dejar de reivindicar como tal elección, aparentemente convergente con las restricciones impuestas por los decretos,  proceda de razones muy diferentes de las del Gobierno. Además del desmantelamiento del sistema sanitario por obra de los Gobiernos en los últimos años , no tenemos que olvidar como los nuevos mecanismos de control de la población - tales  como la represión de la disidencia y de las conductas desviadas, el control de desplazamientos, la militarización de las calles, la negación del derecho a la huelga, etc… - a los cuales durante este periodo el Estado ha recurrido en nombre de la salud pública, muy probablemente permanecerán incluso con el fin de la emergencia, y acabarán por enriquecer el armamentario de decretos de seguridad y leyes de emergencia , que ya hoy en día, limitan nuestras libertades individuales y colectivas. Tendremos que entender, vigilar, y quizás defendernos de un futuro “Estado Médico” que estará cada vez más legitimado para controlarnos y medicalizarnos en nombre de una salud pública cada vez más lejana de las necesidades de tod@s .

La actual pandemia muestra claramente que tenemos que cambiar nuestro enfoque de  las ganancias económicas hacia las verdaderas necesidades de la humanidad y del planeta, ya que en ciertos momentos o nos salvamos tod@s, y junt@s, o no se salva nadie.

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud 

traducido por francesco_giannatiempo

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud 

(traducido por francesco_giannatiempo)

ALCUNE RIFLESSIONI SULL’EMERGENZA

ALCUNE RIFLESSIONI SULL’EMERGENZA

Stiamo vivendo un momento molto difficile e drammatico per la nostra società. Se da una parte si assiste ad un progressivo aumento del malessere individuale e di conseguenza del numero di persone che stanno vivendo con difficoltà la solitudine a cui sono costrette, dall’altra c’è il rischio di un aumento dei contrasti interpersonali e della conflittualità familiare dovuti alla convivenza forzata. Le donne che subiscono violenza domestica si vedono obbligate a coabitare con i loro aggressori, aumentano i casi di persone giovani costrette, date le difficoltà di sostenere un canone d’affitto, a tornare a vivere con la famiglia d’origine, portando così a una rinnovata centralità il modello di famiglia patriarcale. Anche i bambini e gli adolescenti, privati della libertà di socializzare, giocare e interagire, si trovano a vivere una situazione particolarmente difficile.

Come collettivo antipsichiatrico siamo preoccupati per l’aumento dei suicidi, per il frequente ricorso al TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), per il possibile aumento del consumo di psicofarmaci e della contenzione fisica all’interno dei reparti psichiatrici di diagnosi e cura. Denunciamo l’utilizzo del taser per sedare le persone in difficoltà, come è avvenuto qualche settimana fa all’interno di un ufficio postale di Torino dove un uomo è stato stordito dai carabinieri e lasciato a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, a causa di un diverbio scoppiato con le altre persone presenti nell’ufficio postale poiché privo di mascherina. 

Preoccupante anche la situazione negli Istituti di pena già in stato di sovraffollamento cronico. Mai come ora si rende evidente la necessità del superamento del carcere con modelli di pena alternativi. Improrogabile un’amnistia generale, la liberazione dei detenuti per le lotte sociali, dei tossicodipendenti, dei sofferenti di presunte patologie psichiatriche e in generale di tutti coloro che scontano pene per reati connessi alle fallimentari leggi proibizioniste sulle droghe.

La crisi economica e sociale che stavamo vivendo, prima dell’inizio della pandemia, rischia di amplificarsi e travolgere la maggior parte della popolazione. In Italia il Covid-19 ha accelerato un processo in corso da anni, volto a demolire il Servizio Sanitario Nazionale a beneficio delle sempre più numerose cliniche private, mediante politiche bipartisan di tagli, aziendalizzazione e privatizzazione; è difficile pensare a una reale tutela della salute quando la priorità da parte delle Asl e delle aziende ospedaliere è quella di rispettare i bilanci. 

Da subito il Covid-19 ha mostrato di “essere un virus per ricchi” e sempre più persone iniziano a capire che non siamo tutti sulla stessa barca. Un prezzo altissimo lo sta già pagando chi non ha una casa o è costretto a  condividerla con altri in spazi inadeguati; chi è obbligato a svolgere il proprio lavoro senza i mezzi di sicurezza idonei, chi l’ha perso o chi è impossibilitato a portarlo avanti poiché in nero. C’è poi chi non può beneficiare dello smart working e della teledidattica perché non possiede un computer in casa e una connessione internet affidabile. Ma come fa chi non ha documenti, chi è senza casa, chi non ha accesso ai servizi sanitari, all’ammortizzatori sociali? Le persone che si trovano in strada per necessità rischiano un ulteriore inasprimento della loro situazione, dal punto di vista giudiziario e sanitario. Ci chiediamo che ripercussioni avrà questo stato di emergenza su chi vive già in una condizione di isolamento ed esclusione? 

Mentre assistiamo al martellante appello all’unità nazionale, milioni di persone si trovano ancora costrette ad andare al lavoro, il più delle volte su mezzi pubblici sovraffollati, senza protezioni di alcun tipo e soprattutto in settori assolutamente non essenziali come quello della produzione di armi o di beni lusso.

È molto probabile che chi ci governa tenterà di far pagare i costi di questa emergenza alle lavoratrici, ai lavoratori e ai soggetti più fragili; non c’è alcuna volontà di aggredire i grandi patrimoni privati attuando meccanismi di redistribuzione della ricchezza. Le emergenze sociali e sanitarie chiedono un cambiamento nella distribuzione delle risorse collettive che invece, negli ultimi decenni, sono state dirottate senza sosta dal pubblico al privato, con il plauso di industriali e banchieri. 

Solo in questi ultimi giorni ci stiamo rendendo conto di come molti contagi siano avvenuti all’interno di Fondazioni e Istituzioni private, nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistite) e nelle residenze psichiatriche senza che siano state prese misure di sicurezza adeguate. All’interno di queste strutture un’umanità indifesa soggiace spesso silenziosamente all’abuso sociale di chi l’ha dichiarata ormai improduttiva e quindi sacrificabile. I responsabili delle strutture, quando si sono manifestati nuovi casi, hanno deciso di trincerarsi dentro e di chiudere ogni contatto con l’esterno, pur non avendo i mezzi per contrastare la diffusione del virus (nella regione Lombardia, secondo la delibera emessa, chi è anziano, poiché troppo a rischio, non dovrebbe essere curato in terapia intensiva quindi le responsabilità sono a livello regionale). Il risultato in molte zone è la diffusione massiccia dell'epidemia e a farne le spese sono in primo luogo gli anziani over 80, gli intrasportabili e lo stesso personale sanitario che lavora a rischio della propria vita. 

In una struttura psichiatrica in provincia di Genova gli effetti causati dall'epidemia di Coronavirus sono stati drammatici: su 40 ospiti 38 sono risultati positivi al tampone e la malattia ha fatto registrare per il momento tre morti. A Milano nella RSA della Baggina ci sono stati 200 decessi, in provincia di Brescia in una struttura per donne ex-psichiatrizzate le perdite di vite umane sono state 22. Tra le altre regioni la Toscana non è da meno: su 320 RSA di cui 56 commissariate e affidate a gestione Asl ci sono stati circa 170 decessi. Una riflessione sullo Stato garante è dovuta: il governo a inizio marzo aveva dichiarato che la situazione era sotto controllo ma è stato subito smentito dai fatti. I tamponi per il personale sanitario sono arrivati in ritardo e le mascherine si stanno diffondendo alla spicciolata a due mesi distanza dall'emergenza mentre i governatori giocano al palleggio delle proprie responsabilità, nelle zone "sospese" come la Valseriana, intanto si sono sacrificati gli anziani e i soggetti più vulnerabili. Vedremo che cosa ci prospetterà la cosiddetta fase 2. 

Come non pensare anche ai morti nelle Rems e nelle carceri a causa del Covid19? Una situazione come quella attuale dimostra che il superamento delle istituzioni totali debba essere fra gli obiettivi delle nostre lotte. I pazienti psichiatrici affetti da Covid 19 sono doppiamente a rischio: secondo la testimonianza di un medico in Lombardia gli psicofarmaci interferiscono con le cure ponendo un problema immediato di dosaggio, che a sua volta provoca uno stato depressivo facilitando l’azione del virus o uno stato euforico in cui il paziente spesso si strappa la mascherina d’ossigeno a rischio della vita. In pratica questi medici che non sono psichiatri ma internisti o virologi si trovano a modulare una terapia su dei pazienti di cui ignorano completamente la storia clinica.

Da settimane i media continuano a descrivere questa realtà come uno stato di guerra, in cui i nostri ospedali sono le odierne trincee, in una narrazione dei fatti tesa ad alimentare quella paura ed insicurezza collettiva sulla quale si legittimano e trovano consenso tutte le scelte della gestione securitaria cui stiamo assistendo.

L’utilizzo sempre più generalizzato dei social e delle tecnologie digitali ispira nuovi paradigmi della sorveglianza e riconfigura l’organizzazione del lavoro; certo i social network facilitano i contatti interpersonali ma non sostituiranno mai il bisogno di relazioni sociali non mediate intrinseco alla nostra specie; c’è il rischio piuttosto che le nuove tecnologie finiscono per stravolgere e inaridire ulteriormente i rapporti sociali già parecchio sfilacciati da modelli economici, politici e culturali che ci vengono presentati come ineluttabili. La retorica che ci presenta il nuovo paradigma digitale è del tutto subordinata a logiche di  controllo totale e iper sfruttamento. Non dimentichiamo inoltre che ogni singola connessione non fa che arricchire le multinazionali dei Big Data oltre a riempirne gli archivi con i nostri dati personali che consentiranno profilazioni sempre più raffinate.

Fondamentalmente la costruzione mediatica di una contrapposizione tra la libertà individuale e la salute pubblica è stata coltivata ad arte dai mezzi di comunicazione. Si è scelto di criminalizzare i comportamenti individuali e farli diventare un vero e proprio capro espiatorio per nascondere gli interessi degli industriali, che chiedevano e chiedono a gran voce di continuare la produzione nonostante gli evidenti rischi di nuovi contagi e focolai. Nel contempo il cittadino diventa complice e, sentendosi investito del ruolo di sceriffo, finisce per denunciare chi, a parer suo, non rispetta le norme. 

È evidente che i dispositivi di protezione individuale e il mantenimento della distanza di sicurezza siano utili per contenere il contagio, ma il rischio è di finire in una spirale di controllo sociale repressivo e permanente. Se da un lato il senso di responsabilità ci impone di rispettare le misure di distanziamento sociale per arginare il contagio e preservare la salute collettiva, dall’altra non possiamo non rivendicare come tale scelta, apparentemente convergente con le restrizioni imposte dai decreti, sia mossa da ragioni ben diverse da quelle del Governo. Oltre allo smantellamento del sistema sanitario ad opera dei governi degli ultimi anni non va dimenticato come i nuovi dispositivi di controllo della popolazione (repressione del dissenso e delle condotte devianti, tracciamento degli spostamenti, militarizzazione delle strade, negazione del diritto di sciopero ecc …) cui è ricorso lo Stato in questo periodo in nome della salute pubblica, molto probabilmente resteranno anche a emergenza finita e andranno ad arricchire quell’armamentario di decreti sicurezza e legislazione di emergenza che già oggi limita le nostre libertà individuali e collettive. Ci sarà da comprendere, vigilare e forse difendersi da un futuro “Stato Dottore” che sarà sempre più legittimato a controllarci e medicalizzarci in nome di una salute pubblica sempre più lontana dai bisogni di tutti.

L'attuale pandemia dice con chiarezza che bisogna spostare lo sguardo dal profitto economico ai reali bisogni della umanità e del pianeta, perché in certe situazioni o ci si salva tutti, e insieme, o non si salva nessuno.

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud antipsichiatriapisa@inventati.org - www.artaudpisa.noblogs.org – 3357002669

"Un contributo antispsichiatrico sull’impatto del COVID-19" a cura del Collettivo Antipsichiatrico SenzaNumero di Roma

Pubblichiamo il contributo del Collettivo Antipsichiatrico SenzaNumero di Roma

https://senzanumero.noblogs.org/post/2020/04/14/un-contributo-antispsichiatrico-sullimpatto-del-covid-19/

Un contributo antipsichiatrico sull’impatto del COVID-19

La situazione che stiamo vivendo costituisce un attacco frontale alla nostra esistenza su più fronti e ci spinge individualmente e, talvolta, collettivamente a riflettere sui meccanismi di controllo messi in atto, sull’effetto della repressione sulla nostra quotidianità e sull’impatto a breve e lungo termine che tutto questo avrà sulle nostre reti.
Sin dall’inizio dell’emergenza, si sono moltiplicati i contributi, le riflessioni e le analisi sul tema COVID-19, e come collettivo antipsichiatrico abbiamo sentito l’esigenza di confrontarci, interrogandoci sul contributo che ci interessava apportare alla discussione in corso. Ci siamo resx conto che, come spesso accade, anche nelle analisi che reputiamo più valide e condivisibili, manca un pezzo importante di ragionamento (fatte alcune eccezioni, vedi https://educattivi.noblogs.org/post/2020/04/02/corona-virus-ordinanze-e-marginalita/; https://artaudpisa.noblogs.org/post/2020/04/01/link-a-intervista-su-radio-blackout-la-psichiatria-ai-tempi-del-covid-19/):

come stanno e dove sono le persone psichiatrizzate?

 Rispondere a questa domanda non è importante solo per capire materialmente le condizioni di vita di queste persone in una fase di impoverimento del contatto e delle relazioni, ma anche per aggiungere un elemento di analisi dei dispositivi di repressione e controllo che si stanno articolando in questo periodo.

Eppure, di salute mentale si sta parlando, anche più del solito, nei mezzi di informazione. Ma la salute di chi? A che fine? Da un lato c’è la psicologia prêt-à-porter, che si sostanzia di articoli, post, decaloghi su come prevenire l’ansia o la depressione, dispensando consigli e strategie per affrontare nel migliore dei modi la quarantena e l’isolamento sociale imposti. In pratica un modo per addolcire la pillola, cullandoci nell’illusione di un bene superiore che ci unisce come comunità: la salute pubblica. I servizi di supporto psicologico, nati anche comprensibilmente in questa fase, rischiano di alimentare questo meccanismo, perché finalizzati a contenere le diverse forme di disagio derivanti dalla situazione e a favorire l’accettazione dello stato di cose.
Dall’altro lato, si insiste spesso sulla pressione a cui è sottoposto il personale medico-sanitario che sta gestendo l’emergenza, che costituisce un importante fattore di rischio per il burnout e sembra aver portato in alcuni casi al suicidio. Anche in questo caso, forme di disagio che generalmente vengono invisibilizzate o contrastate perché disfunzionali alla macchina produttiva della società capitalista, trovano uno spazio nella narrazione perché strumentali ad alimentare una retorica di unità popolare.
Allo stesso modo, l’ipocondria e l’alienazione sociale, che generalmente vengono stigmatizzate, ridicolizzate e sminuite, sono ora incoraggiate perché funzionali a sostenere i meccanismi di sospetto, distanza e delazione verso chi “infrange le regole”. Ecco che la malattia mentale, quando serve, non è più un problema.

Ma torniamo alla domanda iniziale: che ne è di tutte quelle forme di disagio psichico che comunque è impossibile far rientrare in questa narrazione dominante? Ci sembra che i meccanismi di stigma e invisibilizzazione non siano affatto cambiati. Cosa sta succedendo realmente non lo sappiamo: le informazioni sono indirette, spesso giornalistiche e non c’è alcun dato ufficiale. Possiamo presupporre che i Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) stiano continuando come d’abitudine: il decreto-legge dell’8 marzo 2020 – che ha rinviato la maggior parte delle udienze nei procedimenti civili e penali – include le udienze di convalida dei T.S.O. da parte dei giudici tutelari tra i procedimenti che non vengono invece sospesi. Inoltre, alcuni articoli di giornale (https://www.nursetimes.org/quarantena-e-isolamento-mandano-in-tilt-gli-italiani-numero-di-tso-in-costante-aumento/83466/amp) parlano di un aumento dei T.S.O. in alcune città, come Torino.
 
È facile immaginare che il dispositivo del T.S.O., da sempre al servizio del mantenimento dell’ordine sociale, sia in questa fase complice del controllo capillare che si intende esercitare sui corpi che resistono: il 10 marzo è uscita la notizia di una donna di 78 anni che, col sostegno dei familiari, intendeva opporsi al ricovero presso il policlinico di Monza disposto per alcuni sintomi da lei presentati, che facevano pensare al contagio da COVID-19; le forze dell’ordine sono a quel punto intervenute e hanno effettuato un T.S.O. in attesa dell’esito del tampone (https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/coronavirus_rifiuta_ricovero_ospedale_monza_tso_ultime_notizie-5102818.html).

Le telecamere dei telegiornali ci portano ogni giorno nei reparti di terapia intensiva, scavando nel vissuto dei pazienti per allertare la popolazione. Nelle ultime settimane si è iniziato a dare attenzione anche alla situazione critica delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) che all’inizio dell’emergenza sono state trattate come depositi di vite di scarto (le persone anziane) dove scaricare parte dei pazienti che le terapie intensive non riuscivano più a ospitare. Sui reparti psichiatrici invece continua a regnare il silenzio: come vengono tutelati i pazienti? E il personale che ci entra in contatto? Le persone esterne hanno diritto di visita? Parte del personale medico sta iniziando a chiedere l’adozione di linee guida nazionali in merito per evitare un “nuovo caso R.S.A.” (http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=83473).

Ci preme infine sottolineare che la retorica del #iorestoacasa, che esalta gli aspetti romantici e privilegiati dell’isolamento, non tiene conto delle oppressioni di genere, classe e salute. Chi vive situazioni di violenza domestica, non può restare a casa serenamente. Chi non può permettersi il lusso di godersi il tempo libero della quarantena, non può restare a casa perché deve uscire a lavorare. Chi vive una situazione di disagio psichico non può essere costretto a fare affidamento solo sulla famiglia / conviventi e privarsi totalmente delle reti di supporto, cura e condivisione, che sono spesso l’unica strategia di resistenza in un mondo stigmatizzante e mattofobico.
Ci raccontano che facciamo tuttx parte di una grande comunità che lotta insieme contro un nemico, il virus. Noi vogliamo invece ricordare che, al di là di ogni retorica, ci sono vite che continuano a non valere, vite che continuano a essere di scarto, invisibili, ribelli, che non si identificano in questa comunità nazionalpopolare. Noi ci sentiamo di farne parte.

SENZANUMERO – Collettivo Antipsichiatrico

"SCUOLA e MEDICALIZZAZIONE" un articolo di Chiara Gazzola

Pubblichiamo un articolo di Chiara Gazzola  dal titolo “Scuola e medicalizzazione” uscito su Arivista n°442 aprile 2020


“Scuola e medicalizzazione” di Chiara Gazzola

La scuola italiana è ben lungi dall’essere una comunità educante. Tagli alle risorse e aumento di certificazioni dimostrano quanto le difficoltà espresse da ragazze/ragazzi vengano lette come sintomi di malattie e affrontate in termini medici e farmacologici.

<> Friedrich Nietzsche

La nostra epoca, a causa di una proficua pianificazione, è caratterizzata da un diffuso malessere esistenziale e dal dilagare di menzogne, indorate dal termine anglosassone fake news.
Il trionfo del neoliberismo invade anche tutti i contesti educativi e formativi. La scuola, perdendo i valori pedagogici di attenzione ai diritti e ai bisogni, acquisisce peculiarità aziendali evidenziate da neologismi (debiti, crediti, profitto, competenze, ottimizzazione dei tempi, raggiungimento di risultati): i continui tagli alle risorse inducono a un’elevata competizione fra i plessi con “offerte formative” di addestramento al mercato del lavoro, test di valutazione standardizzati, abolizione di interdisciplinarietà ed elaborazione critica delle conoscenze.
Nella scuola primaria, abolite le compresenze di insegnanti, l’approccio al sapere basato sulla ricerca è spesso sostituito da apprendimenti ottenuti in tempi ristretti e valutati attraverso quiz. Si innesca una concorrenzialità irrispettosa delle complessità tipiche dell’età evolutiva che produce ansia da prestazione e discriminazione fra chi emerge e chi è costretto nelle retrovie.
 
La tendenza a svilire e soppiantare il sapere umanistico, pedagogia compresa, a favore di applicazioni tecnicistiche si origina dal criterio EBE (Evidence based education, “istruzione basata sull’evidenza”), orientamento ideologico nato in Inghilterra negli anno 1980-’90 sotto i governi Thatcher e Blair, con l’obiettivo di circoscrivere ogni specializzazione accademica all’interno di esigenze produttive. Depauperando la relazione educativa e i percorsi di crescita anche la libertà professionale dell’insegnante è minacciata da un’omologazione che produce un divario fra chi tira i remi in barca e chi sceglie di assumersi gravose responsabilità.
Questo criterio trova coerenza in una selezione della popolazione scolastica, tanto che più si impoveriscono le risorse all’istruzione più aumentano le certificazioni (diagnosi neuropsichiatriche, BES – Bisogni Educativi Speciali, DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, cioè dislessie, discalculie ecc. che in Italia sfiorano il 4% della popolazione contraddicendo i riscontri della letteratura neuroscientifica: quanti i falsi positivi?). Si concretizza un’ingerenza delle istituzioni clinico-sanitarie su quelle scolastiche. Il determinismo organicista trova così una sponda fertile per diagnosticare e “curare” soggetti socialmente deboli, discriminando scelte di vita e vincolando approcci pedagogici.
 
Il coinvolgimento al sapere

In alcuni progetti scolastici e nelle circolari ministeriali si riscontrano ripetutamente lemmi avvincenti, con un’insistenza tale da farli corrispondere ai loro significati opposti. Che senso ha la “soggettività” quando diventa specchio di imposizione di uniformità? È una menzogna affermare che il rispetto per le soggettività debba prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in quanto l’attenzione alle singole esigenze dovrebbe essere intrinseca ad ogni relazione educativa, senza supporti vincolanti. I PDP inducono a ridurre le aspettative tramite strumenti compensativi e dispensativi, producono uno stigma che tramutano una difficoltà momentanea (ad es. la sofferenza dovuta a un trauma, a un lutto o altre esperienze infelici) in cronicità, cioè in un giudizio permanente.
La correlazione fra basso rendimento scolastico e deficit intellettivo/disagio socio-economico è una forzatura ideologica: molte esperienze pedagogiche dimostrano che quando la relazione educativa sa offrire i giusti stimoli, senza imporre criteri formativi e valutativi, il coinvolgimento al sapere si ravviva spontaneamente. Eppure il basso rendimento scolastico viene spesso associato a “comportamenti non gestibili”, diventa cioè un sintomo da ricondurre a un deficit del bambino/a, deresponsabilizzando la didattica.
La “disabilità intellettiva”, nomenclatura ereditata dal DSM-5 (manuale delle malattie mentali, quinta edizione) in sostituzione del “ritardo mentale”, copre il 68,4% delle disabilità certificate.
Nelle cartelle cliniche neuropsichiatriche si trovano espressioni come: deficit di felicità; scarso senso di colpa; difficoltà di codifica delle informazioni sociali; disordine dell’identità; carenza di adattabilità; reazione incontrollata di fronte alle frustrazioni; deficit di empatia; manifestazioni emotive povere/eccessive; propensione innaturale a lasciare la propria patria, quest’ultima dedicata a minori stranieri non accompagnati. C’è da stupirsi se il 12% delle certificazioni riguarda le nuove generazioni migranti?
Minkowski definì l’anomalia come “un elemento di variazione individuale che impedisce a due esseri di potersi sostituire in modo completo”, proponendo un approccio filosofico in grado di superare la dicotomia sano/patologico per affermare quanto sia ipocrita l’imposizione di un giudizio conformante e quanto autoritario il voler ricondurre i comportamenti a una giustezza assoluta che faccia coincidere la normalità con la verità.
Il tentativo di dare una codificazione scientifica alle anomalie di comportamento è vecchio quanto la psichiatria ma, essendo questo un ambito prettamente culturale, le dimostrazioni si avvalgono di giudizi morali che diventano clinici per un atto di magia del marketing. Del resto è il DSM (il manuale delle malattie mentali redatto dalla psichiatria americana) a dichiararlo: nella sua quinta edizione del 2013 si legge: “Le cause organiche sono ancora sconosciute”. Non a caso la psichiatria è l’unica specializzazione medica che rende ufficiali le patologie soltanto quando ha a disposizione la molecola individuata come farmaco elettivo. Fra gli esempi più noti il metilfenidato (MPH), brevettato nel 1954 dalla Ciba-Geigy; negli anni ’70 negli USA vengono diagnosticati 150.000 casi di deficit attentivo; nel 1980 il DSM-III include questa patologia (ADD), da curare con MPH, alla quale nel 1994 il DSM-IV aggiunge l’iperattività (ADHD). Allargati i criteri diagnostici, nel 1998 si raggiungono i 6 milioni di minori curati con una sostanza che tuttora l’OMS classifica nella stessa tabella delle molecole psicoattive più nocive; gli ultimi dati delle prescrizioni americane si avvicinano agli 11 milioni, a partire dai 2 anni di età, ma le cifre si fanno via via imprecise a causa della tendenza a descrivere comorbidità (diagnosi multiple) con conseguente cocktail farmacologico.
 
Effetti collaterali molto gravi

Il giro d’affari degli psicofarmaci è talmente elevato che i bilanci delle case produttrici preventivano cause legali e risarcimenti. Questa tendenza è esportata in molti Paesi nonostante aumentino le voci critiche della pediatria, della biologia e della pedagogia; in Italia l’ADHD funge da spartiacque per altre certificazioni, i questionari per lo screening – rinnegati dai medesimi autori dopo anni di diffusione – nei documenti ufficiali di casa nostra sono considerati “strumenti oggettivi”. I fautori della sperimentazione (screening nelle scuole) dei primi anni 2000, che ha riportato nelle farmacie il MPH, sono tuttora i responsabili di Linee guida, Protocolli, Registri dove si afferma che “la mancata disponibilità di interventi psico-educativi non deve essere causa di ritardo nell’inizio della terapia farmacologica”.
Il Registro ADHD è obbligatorio dopo la declassazione del farmaco, ma paradossalmente nel Registro non vengono monitorati tutti i minori ai quali viene prescritto, ma soltanto quelli sottoposti anche a terapia psico-educativa (“trattamento combinato”). In attesa dei dati completi, ci sono pressioni sul Ministero affinché tale Registro venga abolito.
Tutti i dati sul consumo di psicofarmaci in età pediatrica rilevano un aumento esponenziale: l’European Journal of Neuropsychopharmacology, limitatamente agli antidepressivi, denuncia un 40% di incremento in Europa fra il 2005 e il 2012; altri studi confermano questa realtà specificando quanto le percentuali siano sottostimate a causa del ricorso a prescrizioni private o ad acquisti via internet. Queste molecole assunte nell’età evolutiva producono effetti collaterali molto gravi e ledono gli ormoni della crescita; le conseguenze delle cure ormonali supplettive sono ancora poco documentate dalla letteratura medica.
Mentre la verità sui risvolti medicalizzanti ha ancora lati oscuri, raccogliamo le menzogne dei responsabili dei protocolli italiani sull’ADHD quando affermano: “Gli effetti indesiderati sono modesti e facilmente gestibili”, discostandosi nettamente dai giudizi della Food & Drug Administration quando elenca: crisi maniacali e depressive con tentativi di suicidio, gravi affezioni cardiache, diabete, ictus e morte improvvisa.
Le circolari del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur) identificano le istituzioni scolastiche come “comunità educanti”, ma se così fosse sarebbero il luogo privilegiato dell’incontro, del dialogo, della scoperta, della creatività dove l’interscambio di dubbi, riflessioni e progettualità non riproponga la disparità verticistica fra chi sa e chi non sa. Luoghi dove educare (nell’etimologia del tirar fuori, stimolare) ed esperire siano una modalità consolidata che, in prospettiva, possa fungere da prevenzione alle difficoltà senza tradurle in “disturbi comportamentali”.
Il dialogo è l’ennesima menzogna se manca la capacità di ascolto e di attenzione ai bisogni. Codificare i conflitti attraverso le categorie cliniche del patologico è il fallimento della relazione: relazione significa fenomenologia, la scommessa meno scontata, quella che parla il linguaggio delle esperienze e del relativismo per antonomasia, l’unica a restituire partecipazione attiva.
Nella scuola pubblica la carenza di spazi di riflessione procura disorientamento: carichi di lavoro elevati, burocrazia, difficoltà a cogliere le priorità nel sovrapporsi di impegni che tolgono energie da dedicare all’insegnamento e alla relazione. Il CESP (Centro studi per la scuola pubblica), cogliendo questa esigenza, organizza corsi di aggiornamento per offrire riflessioni culturali, parallelamente all’attività sindacale COBAS. Fra gli argomenti quello della medicalizzazione degli studenti: in attivo una quindicina di seminari/laboratori molto partecipati, occasioni di interscambio per approfondimenti importanti anche per chi interviene nelle relazioni introduttive.
La difesa dell’autodeterminazione nella relazione educativa e la responsabilità nei confronti delle nuove generazioni ci spinge a svelare le gabbie di menzogna o i “regimi di verità” per dirlo con M. Foucault; rincorrere stereotipi è una deriva disumanizzante. La memoria ci ha tradito a tal punto da voler, a nostra volta, tradire l’infanzia?

Chiara Gazzola

Nella consapevolezza di aver sintetizzato alcuni passaggi, rimando a: C. Gazzola, S. Ortu, Divieto d’infanzia. Psichiatria, controllo, profitto, BFS, Pisa 2018, pp. 94, € 10,00, seconda edizione aggiornata; note e bibliografia in: http://www.bfs.it/edizioni/files/prefazioni/233.pdf